Vigencia y cambios clave de la nueva Ley de Vivienda 2023
La Ley en pro del Derecho a la Vivienda promueve el derecho garantizado en la Carta Magna a disfrutar de una residencia adecuada. Su objetivo es socorrer a los grupos más desfavorecidos en la obtención de este bien, mediante medidas tales como la regulación del costo del arrendamiento y el fomento de la construcción de viviendas de carácter estatal.
Potenciando una relación equilibrada entre propietario e inquilino mediante mejoras
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Actualidad
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Las principales actualizaciones de la Ley de Vivienda qué hay de nuevo
El derecho a la vivienda protegido por una nueva ley publicada en el BOE
El 25 de mayo de 2023, el Boletín Oficial del Estado (BOE) dio a conocer una nueva ley que defiende el derecho a la vivienda. Esta ley entró en vigor el 26 de mayo, con excepción de los cambios en los incentivos fiscales del IRPF para los propietarios, que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2024.
Principales modificaciones para propietarios e inquilinos
Además de las declaraciones generales que contiene, esta ley trae consigo importantes cambios para propietarios e inquilinos. Entre ellos, se encuentran límites de rentas, prórrogas obligatorias, recargos para viviendas desocupadas, alteraciones en beneficios fiscales, demoras en procesos de desahucio y la necesidad de proporcionar información relevante en contratos de compra o alquiler de vivienda, entre otros.
Con respecto al alquiler, estos cambios afectan únicamente a los contratos de alquiler de vivienda. Sin embargo, la ley contempla la formación de un grupo de trabajo para analizar medidas referentes a los alquileres para usos distintos del residencial, en particular, en contratos de alquiler por temporada de propiedades urbanas destinadas a vivienda.
Identificando a los propietarios con gran cantidad de propiedades inmobiliarias
En el caso de que la propiedad se encuentre situada en una zona de mercado residencial tensa, se requiere que el dueño cumpla con ciertas responsabilidades de cooperación con la autoridad competente y el suministro de información, según lo especificado en la sección II de esta ley. Específicamente, se puede exigir a los propietarios de grandes cantidades de propiedades que proporcionen información detallada sobre el uso y destino de las viviendas que estén bajo su titularidad en dichas zonas de mercado residencial tensa.
Por defecto, se considera "gran tenedor" a aquel individuo o empresa que posea más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500m2 destinados a viviendas, excluyendo garajes y trasteros, según lo establecido en esta ley.
En las zonas de "mercado residencial tensionado", las comunidades autónomas tienen la facultad de ampliar la definición de "grandes tenedores" a aquellas personas físicas o jurídicas que sean dueñas de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en dicha área. Cabe destacar que los grandes tenedores no son los únicos afectados por las nuevas medidas sobre el alquiler, ya que hay disposiciones que afectan a cualquier arrendador, las cuales describimos con detalle a continuación.
Extensión de plazo de un año para propietarios de grandes propiedades
En áreas no designadas como mercado tensionado, se ha establecido una nueva prórroga obligatoria de un año para grandes tenedores. Al finalizar los 5 años (o 7 en caso de que el arrendador sea una persona jurídica), el inquilino tendrá el derecho de solicitar un año adicional si demuestra encontrarse en una situación de vulnerabilidad social y económica. Para ello, será necesario presentar un informe o certificado emitido en el último año por los servicios sociales de su municipio o comunidad autónoma. En este caso, la prórroga deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador si cumple con la definición de gran tenedor de vivienda mencionada anteriormente (dueño de al menos 10 inmuebles o 5 en zonas de mercado tensionado según lo establecido por la comunidad autónoma), a menos que se haya firmado un nuevo contrato de arrendamiento entre ambas partes.
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Aspectos fundamentales de la reciente Ley de Vivienda
Esta nueva ley trae consigo importantes cambios y regulaciones en el mercado de alquiler de viviendas en España, y en Inmobiliaria Deusto queremos informarte sobre los puntos esenciales que afectan tanto a propietarios como a inquilinos.
Una de las medidas más controvertidas de la Nueva Ley de Vivienda 2023 es la imposición de un límite máximo en la subida del precio del alquiler. A partir de 2023, únicamente se permitirá un incremento del 2%, y para 2024 se elevará al 3%. Anteriormente, la subida estaba vinculada al IPC, pero debido a su inestabilidad, se ha determinado un tope máximo.
Esta nueva regulación establece un techo en los precios de los nuevos contratos de alquiler. Su objetivo principal es reducir el costo de las viviendas en alquiler, aplicándose únicamente en zonas declaradas como "tensionadas". Actualmente, se están evaluando los índices que se utilizarán para controlar los precios.
Desde Inmobiliaria Deusto te mantendremos informado sobre cualquier actualización al respecto.
Aspectos clave
La Ley de Vivienda entra en vigencia el 26 de mayo de 2023 en términos generales. Sin embargo, algunas de las medidas contempladas no se aplicarán de forma inmediata.
En este sentido, existen algunos aspectos que deben tenerse en cuenta con respecto a la aplicación de la ley.
Entre las medidas que no serán objeto de aplicación inmediata se encuentra la regulación de los precios de alquiler en zonas declaradas de mercado tensionado.
Además, se establecerá un plazo para que los propietarios de viviendas turísticas puedan regularizar su situación. Este plazo concluirá el 26 de noviembre de 2023.
Modificaciones de la Extensión del Arriendo de Viviendas
La nueva Ley de Vivienda comporta modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). En principio, estas modificaciones solo afectan a los nuevos contratos de alquiler firmados a partir del 26 de mayo de 2023. Para los contratos existentes antes de esta fecha, seguirán aplicándose las medidas extraordinarias aprobadas para 2023.
Como es ampliamente conocido, desde marzo de 2019, los contratos de alquiler de vivienda tienen una duración máxima de 5 años o de 7 años en caso de que el arrendador sea una persona jurídica. Una vez llegado el vencimiento de los 5 años, el arrendador podía rescindir el contrato o prorrogarlo por un nuevo período de hasta 3 años. A partir de ahora, se han establecido nuevas prórrogas que serán obligatorias para el arrendador, dependiendo de si la vivienda se encuentra o no en una zona con una alta demanda de alquileres. En el caso de que se prorrogue el contrato, seguirán siendo aplicables las leyes y los convenios a los que esté sujeto anteriormente.
